Ha pasado un año desde que el Parlamento Europeo inaugurara su octava legislatura el día 1 de julio de 2014. Cuando quiera que se menciona la cuestión de la falta de legitimidad democrática –un problema casi unánimamente reconocido de un extremo a otro de la Unión Europea– todos dirigen la mirada hacia el Parlamento Europeo como la institución llamada a ser la solución y, quizá, hasta a encontrarla.
Antes de las elecciones de 2014, al electorado europeo se le había dicho una y otra vez que –ahora sí– las elecciones tendrían importancia. La afirmación fue realizada sobre la base de que por primera vez los partidos políticos “paneuropeos” presentaban candidatos a la presidencia de la Comisión. Aunque fuera indirecto, alguna especie de vínculo fue establecido entre el electorado y las altas autoridades del brazo operativo de la Unión. En consecuencia, Jean-Claude Juncker fue elegido con el apoyo de la mayoría de los europarlamentarios del Partido Popular Europeo, de los socialistas y de los liberales, sin que faltaran voces que recordasen que la designación de un candidato seguía siendo prerrogativa del intergubernamental Consejo Europeo, independientemente de las circunstancias.
La crisis griega ha llevado a Juncker con frecuencia a los titulares de los periódicos, haciéndole más conocido de los ciudadanos pero no forzosamente más popular entre ellos.
¿Ha tenido todo esto verdadera importancia? ¿Se ha convertido Juncker en una figura que los europeos reconozcan como representativa de sus preferencias? No es fácil responder. El Eurobarómetro debería tratar de sacar a la luz una respuesta clara. No hay la menor duda de que la crisis griega ha llevado a Juncker con frecuencia a los titulares de los periódicos, haciéndole más conocido de los ciudadanos pero no forzosamente más popular entre ellos.
Puede que incluso estemos sufriendo una especie de “impacto político asimétrico”. Cuando el euro comenzó a circular, muchos economistas advirtieron del riesgo de impactos económicos asimétricos –que suceden cuando situaciones económicas muy distintas coinciden en países diferentes–, y de las dificultades que surgirían como consecuencia de haber renunciado a políticas monetarias, cambiantes y sobre tipos de interés. Desafortunadamente, dicha profecía se ha hecho realidad.
Ahora podemos estar enfrentándonos a un fenómeno semejante. Las circunstancias políticas varían extraordinariamente de un país a otro y los sistemas políticos nacionales no pueden responder a sus respectivos electorados, ya que han cedido parte de su soberanía política. La paradoja resultante del referéndum griego (sin que tenga sentido discutir aquí si, para empezar, fue una buena idea) puede ser vista la luz de lo anteriormente expuesto.
Muy probablemente, la mayoría de los griegos saben hoy quién es Juncker. Probablemente, el común de los británicos, los húngaros, los polacos, los españoles y otros muchos europeos siguen ignorando quién es tan importante caballero. Sólo una nación se ha dado cuenta, tan súbita como atrozmente, de hasta qué punto el nivel de toma de decisiones de la Unión repercute sobre la vida real. El único resultado beneficioso de la crisis de Grecia es que los ciudadanos han dado, de cierta forma, un salto adelante en lo relativo a su conciencia europea (aunque no del modo que uno hubiera deseado). De manera nuevamente paradójica, esto ha ocurrido en el preciso momento en que estaban, y siguen estando, en peligro de abandonar el núcleo de la Unión.
La mayoría de los griegos saben hoy quién es Juncker. Probablemente, el común de los británicos, los húngaros, los polacos, los españoles y otros muchos europeos siguen ignorando quién es tan importante caballero.
Problemas hasta cierto punto similares pueden surgir en el futuro, cuando en un país determinado una postura política sea ampliamente compartida y se aleje de la corriente dominante en Europa por un motivo que la población entienda como fundamental: desde la supervivencia del estado de bienestar hasta cuestiones delicadas que afecten a derechos básicos, pasando por conceptos distintos de la política exterior. Ya estamos viendo cómo varias de estas cuestiones van adquiriendo forma.
En cierta medida, la discrepancia en estos asuntos puede alejar de la Unión a un país determinado incluso más que la cuestión de la austeridad en Grecia, ya que ésta última estaba vinculada a obligaciones contractuales específicas libremente contraídas con un propósito particular, mientras que tales asuntos constituyen el objeto de cambios de soberanía.
Volvamos ahora a la cuestión planteada originariamente. ¿Puede el Parlamento Europeo ser el colchón que amortigüe y elimine estas asimetrías políticas? Francamente, no. Por muy atados que puedan estar los europarlamentarios por sus filiaciones políticas paneuropeas, lo están aún más por sus electorados nacionales. En cuanto a Juncker, si una opinión pública nacional difiere monolíticamente de cualquier postura que haya tomado en una cuestión determinada, le será muy difícil aparentar que representa a ese pueblo en cualquier foro.
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