¿Puede una pequeña comunidad islámica determinar políticas de seguridad internacional?
Hace unas semanas, un juez italiano emitió una sentencia única hacia un ciudadano albanés, que reside en Bari (Italia): culpable por hacer propaganda sobre el Estado Islámico —también conocido por su sigla inglés ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria)—. De hecho, la condena no ha previsto medidas como la expulsión de esta persona del país o su ingreso en prisión, sino algo más inusual: la asistencia obligatoria a un curso patrocinado por la comunidad islámica de la ciudad de Bari sobre los verdaderos valores del islam.
No es el objeto de este artículo investigar sobre los verdaderos valores del islam, pues hay varias visiones y posiciones sobre el tema, aun dentro del mismo islam, incluso, de sus corrientes: síntomas de la transición que vive esta religión. Sin embargo, los valores que el juez quiso que el condenado aprendiera eran la fraternidad y el respeto de las distintas visiones y valores que se han reconocido en la comunidad islámica de Bari.
Es la primera vez que en Italia se aplican disposiciones para acabar con actitudes y movimientos radicales, como este, que contemplan la adopción de medidas de reintegración social como respuesta al terrorismo. Después de considerar estos asuntos, se plantean otras cuestiones: ¿qué efectos pueden tener medidas de este tipo en la seguridad nacional de nuestros países? ¿Qué relación hay entre la migración, el terrorismo y las acciones bélicas occidentales en regiones que son bastiones del terrorismo? y ¿Qué resultados pueden tener las políticas sociales, culturales “blandas” para combatir esta amenaza interna y externamente?
Los trágicos ataques terroristas en Francia y Bélgica todavía están recientes, pero ya deberían haberles enseñado a los gobiernos una lección sobre la íntima correlación que existe entre la efectividad de políticas sociales hacia la migración y el impacto de emergencias de seguridad. Y deberían haber enseñado que muchas veces los que cometen o planean atentados son nacionales del mismo país al que atacan. Lo que falta, por ende, es el sentido de pertenencia a su país nativo. Problemas sociales como marginación y falta de educación cívica pueden estallar y descontrolarse, originando emergencias de tipo primario, como la seguridad y la estabilidad de las instituciones.
La respuesta a una situación parecida, en la que una persona supone una amenaza interna y externa, debería orientarse hacia una conciliación de las dos dimensiones de las políticas públicas: alta y baja política. Pero ¿a qué se refieren estas dos categorías de política? La alta política está relacionada con las cuestiones que afectan directamente a la supervivencia del Estado, o sea, la seguridad nacional. Son propias de esta dimensión cuestiones relacionadas con la defensa, la preservación de la integridad territorial y el ordenamiento del Estado. La baja política, en cambio, atañe, tradicionalmente, a cuestiones que no afectan a la seguridad nacional, como las políticas sociales, de educación y la sanidad pública.
Unas coyunturas concretas determinan la posibilidad de que la baja política tenga hoy un papel fundamental en un asunto de emergencia relacionado con la alta política, por ejemplo: el terrorismo de carácter islamista. En particular, la actual e inmanejable emergencia migratoria que se experimenta en Europa gracias a la alta permeabilidad de las fronteras nacionales — lo que deriva en un gran número de ingresos incontrolados y potencialmente explotables por el ISIS —, la presencia documentada y el aumento de los foreign fighters en Europa y los EE. UU.; además, de los fenómenos de radicalización con sus correspondientes consecuencias extremas para seguridad nacional e internacional: fenómenos comunes tanto en las zonas de conflicto como en los países occidentales, así como común es su matriz antioccidental en los dos casos.
Tanto la alta como la baja política deben empezar a concebirse como sectores o dimensiones complementarias y no como elementos distintos e independientes. La naturaleza actual de la tecnología y de las interacciones humanas hace que los sectores de la política se entrecrucen más que nunca. Por ende, es necesario que se integren en ambos bandos las competencias, las estrategias y las acciones.
Los órganos de gobierno, para empezar, deberían pensar en nuevas sinergias y profundizar en el alcance de sus enfoques y orientarlos para realizar acciones conjuntas internas y externas con el fin de garantizar la estabilidad económica, social y cultural de sus países y de las zonas de conflicto.
Sin embargo, debido al aumento del enfoque social para acabar con la guerra contra el ISIS, todavía es una dimensión casi inexplorada. Hoy ya se habla abiertamente de la necesidad de actuar contra el Estado Islámico, dentro y fuera de los confines nacionales. A la vez, ya es evidente la ineficiente gestión —meramente militar— de los conflictos por parte de los países implicados. La evolución de conflictos como el iraquí en fenómenos globales, como el ISIS, son un testimonio vivo de que tanto las intervenciones de la sociedad civil como las de los gobiernos nacionales no pueden realizarse de forma separada. Las políticas sociales se dejaban en manos de las organizaciones internacionales, entre las cuales algunas están manejadas y financiadas por los distintos Gobiernos. Como se ve, la participación de estos organismos para prevenir fenómenos de radicalización interna en Europa y Estados Unidos no es suficiente, y tampoco lo es para convencer a los habitantes de las zonas en conflicto de las buenas intenciones de nuestros dirigentes.
Dado que el terrorismo utilizado como instrumento por el Estado Islámico para condicionar las políticas exteriores de los países que buscan acabar con él a través de decisiones firmes y medidas drásticas, la eliminación o control del terrorismo podrá llevar a un cambio de la política del ISIS y también de los países sus enemigos. Dicho cambio se manifestaría con una menor relevancia del terrorismo como instrumento de negociación y en un cambio de la política de los países occidentales, que se reflejaría en el abandono progresivo de atentados para reconducirse por líneas fundamentadas en el dialogo, la negociación y la concertación.
Deberían aplicarse mayores medidas de baja política en los asuntos del terrorismo, tanto a nivel interno como externo. Responder de manera bidimensional a una emergencia es una tentación constante a la cual la política nos ha acostumbrado. Así ha sido en la época de Irak, en la de Libia y sigue siéndolo en la del ISIS, con suficientes premisas para prever un aumento de medidas duras. La obsolescencia e inadecuado uso de las políticas sociales en nuestros países, así como la marginalidad o ausencia de las mismas en las zonas de conflicto, son los factores que derivan en la aparición de propagandas antioccidentales y en el terrorismo internacional. Simplificar la realidad para comprenderla es un mecanismo humano. No obstante, las realidades complejas requieren respuestas complejas. La complejidad y fragilidad de la política actual requiere un mayor esfuerzo de los gobiernos para responder a los retos del presente. De la misma forma, también necesita una respuesta de largo plazo y a todos los niveles.
Una clave parece ser la introducción en las misiones de conflicto una concepción gubernamental, que dé a las misiones militares los conceptos del estado de derecho y dote a los departamentos correspondientes de roles parecidos a los de ministerios, igual que una democracia. Eso garantizaría unos mejores resultados, la prevención de terrorismo y nuevas escaladas de conflictos.